UNA RENDICIÓN DE CUENTAS CUESTIONADA

hoy comienza la discusión parlamentaria del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y la oposición cuestionará al equipo económico en pleno por lo que considera falta de señales de austeridad y la creación de cargos de confianza.

El equipo económico del gobierno encabezado por el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comparecerá ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados y allí le esperan varios reclamos.

Los integrantes de la oposición esperan con expectativa la presencia del ministro Astori para formalizar los cuestionamientos que vienen realizando a la política económica.

Por ejemplo, el diputado nacionalista Gustavo Penadés (Todos) manifestó que “esperamos que el ministro Astori explique la situación, porque las luces amarillas se prendieron todas”. Penadés adelantó que planteará “la preocupante situación de la economía porque van tres años de caída del empleo; el déficit fiscal aumenta más allá de lo proyectado, el país se sigue endeudando en más de 40 mil millones de dólares, la inversión no aparece y el consumo muestra caída”.

El diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés en el Parlamento. Foto: F. Flores

Puso como ejemplo que “en la ley de Presupuesto se previó un déficit para 2017 de 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y terminó siendo un 3,5%, y ya a mayo de 2018 está en un 4%”.

Uno de los elementos a preguntar tiene que ver con la ausencia de resultados en materia educativa y en políticas sociales, aunque Penadés no cuestionó lo invertido en esta última materia sino la falta de logros.

El legislador nacionalista señaló que “se sigue aumentando el gasto sin control” y que el aumento de 2019 se espera financiarlo “apostando a que llueva, a que la economía crezca, y con 1.750 millones de pesos del Banco de la República”. Al final, “los préstamos sociales del BROU terminarán financiando el déficit” señaló el legislador.

A su vez, en la misma línea, el diputado colorado Conrado Rodríguez lamentó la ausencia de medidas de contención del gasto en el proyecto de la Rendición, “sobre todo considerando que esperaba que esta fuera una oportunidad para el oficialismo para dar señales de austeridad”, dijo.

Penadés también cuestionará la creación de nuevos cargos de confianza política”. “Si bien el Poder Ejecutivo sostiene que con esto no aumenta los gastos, lo que hace en realidad es dejar de gastar en cosas importantes para las que dice que no hay recursos”.

Los cargos que se crean son los de Secretario de Ciencia y Tecnología y Secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático en la Presidencia de la República. En el ministerio de Industria, Energía y Minería, también se generan cinco cargos correspondientes al Consejo Audiovisual previsto en la ley de Medios. Vale señalar que los cargos se crearán pese a que por el momento no hay acuerdo entre la oposición y el oficialismo para los nombres de sus integrantes.

Por su parte, en el Ministerio de Educación y Cultura se crean los cargos de confianza de Secretario Ejecutivo del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán y de Director de Centros MEC.

En el Ministerio de Desarrollo Social la retribución del Director Nacional de Economía Social e Integración Laboral será similar a la del titular de la Dirección General Impositiva, Aduanas, y otros cargos políticos de confianza.

Foto: Fernando Ponzetto.

Respecto al cargo de Director de Centros MEC, que ocupa la exdiputada colorada Glenda Rondán, hoy en el Frente Amplio, el diputado nacionalis- ta Jorge Gandini escribió en Twitter que hay “contradicciones” en la Rendición. “O se crea un cargo que ya existe, o alguien ya ocupa un cargo de confianza que aún no existe. Según la web del ministerio, Glenda Rondán es Directora de Centros MEC, aunque la Rendición proyecta crear ese cargo ahora. ¿Otro título, sin título?”

Poder judicial.

Otro aspecto del proyecto de ley que será cuestionado es el de la escasa asignación de recursos para el Poder Judicial que no permitirá cubrir las necesidades operativas para hacer cumplir el nuevo Código del Proceso Penal y la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580), comentaron fuentes políticas.

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