La polémica cadena nacional: alguien miente u oculta parte de la verdad

Por Gerardo Sotelo.

Por extraño que parezca, un hecho trivial, como es el vínculo de trabajo ocasional de un comunicador con la Presidencia, empantanando a la máxima autoridad del país en una situación que sorprende por su amateurismo y opacidad. Al menos eso es lo que surge de repasar los hechos una y otra vez. Veamos.

Un destacado informativista de televisión aparece como vocero del gobierno en una cadena de radio y televisión realizada el pasado 27 de febrero. Como el hecho no tenía precedentes, varios medios solicitaron información sobre el tipo de vínculo que unía al profesional con el gobierno.

La respuesta del secretario de Vázquez, Miguel Toma, publicada en los medios el 3 de abril, fue contundente: “no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al señor Fernando Vilar”. Tan contundente fue (y tanto confiamos los uruguayos en  nuestras autoridades) que el tema dejó de revestir interés. Un mes y medio después, en una entrevista de Sábado Show publicaba el fin de semana pasado, Vilar dice que cobró su trabajo, porque es un profesional que no hace nada gratis. Alguien mentía, o bien ocultaba o disimulaba parte de la verdad.

Al día siguiente aparecieron declaraciones del presidente de Cutcsa,  Juan Salgado, asesor honorario del presidente y amigo de los dos, negando que él hubiera tenido que ver con la contratación y con el pago, y ratificando que se trató de un acuerdo laboral entre Vilar y Vázquez. Así las cosas, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, decide convocar a las autoridades de Presidencia al Parlamento para pedirle explicaciones.

El martes le tocó el turno al subsecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien intentó vanamente tirar el tema a un costado. Era demasiado tarde. El miércoles, mientras el secretario de prensa de Vázquez, José Luis Vega, reiteraba que el Ejecutivo no había puesto un peso, se conocía una carta de Vilar aclarando que sus honorarios no se habían cancelado con “dinero, bien ni ningún otro elemento propiedad del Estado uruguayo”.

La hipótesis de que hay alguien que está pagando los compromisos que el presidente de la República asume ante particulares para tareas de la mayor relevancia institucional, quedó confirmada. Sin embargo, falta conocer la respuesta a las preguntas más inquietantes.

¿Quién es esa persona o empresa? ¿A cambio de qué lo hace? ¿Se supo siempre en Presidencia, como es de suponer, quién lo pagó, y se decidió ocultar la información a la ciudadanía? ¿O debemos creer que hay un mecenas desconocido dedicado a pagar cuentas de Presidencia? ¿Invocando qué normas de transparencia y ética públicas se tomaron estas decisiones?

Algunas personas piensan que se trata de un tema menor al lado de los problemas de la inseguridad, el desempleo u otros asuntos turbios que ya están en la Justicia. Es un grave error. Fuera de los derechos individuales, cuya vigencia en nuestro país es plena, no hay nada más importante que saber de dónde sale el dinero con el que se pagan los compromisos contraídos por el Presidente de la República.

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